Los técnicos municipales han informado en reiteradas ocasiones del incumplimiento de plazos y reparaciones en los que ha incurrido la empresa OHL Ingesan Servicios, adjudicataria del Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Centros de Enseñanza Pública de Infantil y Primaria, y en base a esto, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido instruir un expediente sancionador a la misma.
De los detalles informó en rueda de prensa el concejal de Educación, José Hurtado, quien confirmó que las infracciones se están produciendo de forma reiterada y que se le ha requerido a la empresa con carácter de urgencia para que proceda a cumplir con el pliego de condiciones del contrato.
El edil explicó que, cumpliendo con el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, se ha iniciado la instrucción de un expediente sancionador por la comisión por parte del contratista, de las posibles infracciones tipificadas como “muy grave por la no realización de trabajos urgentes, objeto del contrato, encomendados en reiteradas ocasiones provocando situaciones de manifiesta peligrosidad para los usuarios de las instalaciones” y por infracciones graves, en las que se cita “la demora continuada en la subsanación de los trabajos encomendados por el técnico del expediente”.
En su comparecencia ante los medios, el concejal dijo que esta propuesta aprobada por la JGL se hace después de que la técnico municipal encargada del seguimiento del cumplimiento de este contrato emitiera un informe (con fecha 27 de febrero) en el mismo sentido después de “las continuas visitas rutinarias a los centros escolares para realizar el control de la prestación del servicio y comprobar in situ la subsanación o reparación de las incidencias encomendadas al contratista mediante partes de trabajo” y en las que se “detecta numerosas deficiencias en la prestación del servicio”.
Hurtado manifestó que “el grado de incumplimiento de la empresa es insostenible, y calificó como “demoledor” el informe técnico. Además, añadió que no tiene ningún interés en “enfrentarme con la empresa, al contrario, lo deseable sería que este asunto se gestionara de la manera más amistosa posible, pero es verdad que el Ayuntamiento no puede quedar impasible ante lo que está ocurriendo porque tiene una obligación que es mantener los colegios y vamos a hacer todo lo que podamos hasta donde llegan nuestras posibilidades”.
El edil también transmitió la sensación de “desesperación” y la “profunda preocupación” de los técnicos municipales, de la asesora de Educación, de los gestores y de toda la comunidad educativa por esta situación, por lo que matizó que, aunque no hay ningún interés en que se produzca un enfrentamiento con la empresa, “no vamos a permitir que con el dinero público se esté incumpliendo flagrantemente el contrato”, una cuestión que, por otro lado, el edil señaló que “tampoco beneficia” a la imagen de esta multinacional.
El pliego de condiciones en el que se basan las posibles sanciones que se pueden aplicar a la empresa recoge de forma explícita el tiempo de respuesta y de corrección que debe tener la empresa ante una incidencia. Para una “emergencia”, el tiempo en el que ha de responder es de 15 minutos y tiene dos horas para efectuar la corrección, para las denominadas “urgencias” los tiempos son 30 minutos y 4 horas para la corrección, para las clasificadas como “prioridad”, mientras que para los “ordinarios” el tiempo de corrección es de 24 horas y la corrección de 4 días. A ellos se suma el “programado”, que se podrá resolver dentro de la siguiente revisión de mantenimiento preventivo en fecha cierta, siempre que no supere el plazo de siete días”. El informe explicita que “el retraso en la subsanación de incidencias incurre en demora injustificada respecto al cumplimiento de los plazos establecidos en el pliego y es debido a causas imputables al contratista”.
Por otra parte, Hurtado explicó que se ha dado un plazo de diez días a la empresa para que “proceda a incrementar la plantilla, tanto en cantidad como en cualificación en las diferentes especialidades necesarias, al objeto de ejecutar adecuadamente los trabajos preventivos y correctivos, encomendados en los plazos establecidos en los pliegos que rigen el contrato”. De esa ampliación, en cumplimiento del apartado 23 del pliego de prescripciones técnicas, “tendrá que informar a los servicios técnicos del Ayuntamiento”.
Sobre este punto, aclaró que la técnico municipal, de oficio, con fecha 22 de febrero ya requirió a la empresa esa ampliación de plantilla, requerimiento que fue respondido y comunicado al Ayuntamiento con fecha 1 de marzo, con la incorporación de tres trabajadores: un oficial de primera electricista, un fontanero con el mismo rango y uno polivalente. Hurtado dijo que “en honor a la verdad” no todo es malo, que hay actuaciones que se han ejecutado en distintos centros de enseñanza pero “nos preocupan todas las reparaciones pendientes y que en algunos casos incluso pueden poner en peligro a los usuarios”.
Las sanciones que podrían imponerse a la empresa pueden ir desde una multa hasta la resolución del contrato, contrato que se estuvo tramitando durante dos años y salió a licitación por 217.195 euros anuales, 1.310.430 en total para cuatro años más dos de prórrogas, mientras que el precio de adjudicación anual fue de 134.871’59 euros. El concejal también informó que otro motivo de desacuerdo con la empresa lo constituye, desde prácticamente el primer mes de entrada en vigor del contrato, las contradictorias valoraciones de las certificaciones por los trabajos realizados que tienen el Ayuntamiento y la adjudicataria. “Independientemente de quien tenga razón, esta discrepancia no tendría que ser motivo de incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento que el pliego establece”.
Por último, el concejal de Educación reiteró que lo que está sucediendo “no es de recibo” y que “no nos merecemos esto la comunidad escolar”.