Los asuntos relativos a expedientes de disciplina urbanística centraron buena parte de la Junta de Gobierno Local ordinaria. En total se aprobaron un total de 32 expedientes de disciplina urbanística, la mayoría de los cuales fueron objeto de multas coercitivas, aunque también hubo algún caso de prescripción. También en material relativa a urbanismo se dio luz verde, con los informes técnicos favorables, a la solicitud de un particular de una licencia de parcelación de un local de 241’11 metros cuadrados para dividirlo en dos con distintas superficies.
Por otra parte, la edil secretaria de la Junta, Fanny Serrano, informó de que se había aprobado emprender acciones judiciales para la defensa del Ayuntamiento ante un nuevo caso de autoliquidación de plusvalía, en este caso de 6.941’25 euros. El particular que ha interpuesto un contencioso contra el Consistorio considera que esta cuantía no se ajusta a derecho. La vista se ha fijado para julio de 2018 y la concejala recordó la situación en la que se encuentran los Ayuntamientos desde la sentencia del TC que declaró inconstitucional la norma de aplicación para el cobro de este impuesto.
También en el ámbito judicial, se acató una sentencia que ha dictado inadmitir por extemporaneidad el recurso presentado por un particular sobre un proyecto de reparcelación del sector 13 B, porque consideraba que se había producido una doble inmatriculación de 4.784 metros cuadrados de parcelas privadas respecto de parcelas dotacionales. El tribunal no entra en el fondo de la cuestión pero rechaza la pretensión del demandante porque presentó el recurso siete años después de la desestimación presunta por silencio administrativo.
Respecto a los puntos del orden del día relacionados con contratación, se votó a favor de la prórroga del contrato denominado ‘Redacción de proyecto y dirección de obra para la Feria de Mayo’ que tiene un coste anual de 5.820’10 euros. Se trata de la segunda prórroga que tendrá validez hasta el 6 de mayo de 2019.
Además, se acordó el archivo de tres contratos. Uno de ellos a propuesta de la edil delegada de Tercera Edad y Gente Mayor relativa a la adquisición de mobiliario para el centro de atención a personas con discapacidad en situación de dependencia, dotación de la que se hará cargo la conselleria; otro a propuesta de la edil de Turismo del servicio de mantenimiento y evolución de los sitios webs y la aplicación Torrevieja para dispositivos móviles del Ayuntamiento por inexistencia de crédito, debido a que está retenido a la espera de que se adjudique el contrato para la ‘Difusión y publicidad de la información generada por las concejalías del Ayuntamiento de Torrevieja’.
El tercer archivo, a propuesta del concejal de Obras y Servicios, se trata de un contrato cuyo expediente se inicio en el año 2010, por el concejal del PP Javier Montoro, para obras de emergencia para la prevención de los efectos causados por las lluvias en el ámbito de la CV-905. Expediente en el que la concejala explicó que se cuantificaron las obras en algo más de 442.000 euros, en el que se detallan las obras que se prevé ejecutar pero “ya no hay más documentación, salvo la petición de la oficial mayor requiriendo información sobre las obras y cómo se van a ejecutar. Es un expediente ‘singular’ ya que las obras parece que están hechas pero no sabemos cómo”, dijo Serrano. El archivo del expediente se enmarca en la política del Equipo de Gobierno de ir “limpiando” expedientes antiguos que no tienen ya recorrido.
Igualmente, se presentaron doce reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las que nueve se desestimaron porque no hay nexo causal entre el daño producido y la reclamación que se pretende, dos se estimaron parcialmente y dos íntegramente.
También hubo una solicitud de cambio de titularidad de un nicho en el Cementerio Municipal y, por último, se aprobaron tres propuestas para autorizar el certificado electrónico como empleados públicos a diversos funcionarios de varias concejalías.