El Teatro Municipal de Torrevieja mantiene su cierre después de que así lo decretara la conselleria de Justicia y Administración Pública por carecer de licencia de apertura y por no reunir las medidas de seguridad necesarias para un recinto que está diseñado para albergar a unas 700 personas. El teatro estuvo funcionando durante ocho años de manera absolutamente ilegal sin la necesaria licencia de apertura, un requisito indispensable para poder abrir al público.
Los trámites administrativos que pueden llevar hasta la obtención de la citada licencia se han convertido en un farragoso laberinto debido a las circunstancias en las que los anteriores equipos de Gobierno del PP dejaron el Teatro Municipal. A pesar de ello, y lejos de asumir su responsabilidad el Partido Popular está generando una espiral de desinformación con la que pretende tapar toda su actuación y echar la culpa del cierre al actual Equipo de Gobierno.
Por este motivo, y por intentar aclarar todos y cada uno de los extremos que han rodeado la gestión de la apertura del Teatro desde su inicio y hasta la actualidad, el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, anunció en rueda de prensa que se van a celebrar “dos o tres plenos de fiscalización del Teatro Municipal” con el fin de que se puedan depurar las responsabilidades que sea necesario y poner toda la documentación a disposición de los ciudadanos de lo que “ha sido una nefasta gestión económica, urbanísticas y administrativa de un bien municipal”, por parte del anterior gobierno del Partido Popular.
Dolón reconoció en su comparecencia que la regularización administrativa del teatro “se está haciendo muy difícil” por lo que consideró necesario “poner el expediente sobre la mesa, fiscalizarlo y pedir información a todos los técnicos sobre los diversos trámites que se han realizado para poder exigir responsabilidades, recaigan en quien recaigan”.
Además, recordó que en este expediente hay actuaciones que ya han prescrito pero hay otras muchas que no. En ese sentido puso como ejemplo que en 2012 se devolvieron a la empresa adjudicataria los avales de la obra, de 600.000 euros. Una circunstancia que calificó como “muy importante” ya que implica el reconocimiento de que “todo estaba bien, de que se contaba con todos los documentos necesarios para la apertura del teatro cuando no es así y eso alguien tendrá que explicarlo”.
Otro documento al que se refirió Dolón es el Acta de Ocupación con la que se abrió el teatro en su día. Se trata de un documento con el que los técnicos municipales aseguran que no se puede abrir el Teatro sin incurrir en responsabilidad. En consecuencia, el alcalde se refirió a este documento como “un apaño para abrir sin licencia porque estaban en año electoral y había que abrirlo”. A pesar de ello, entendiendo que se tomara esa decisión en aquel momento concreto, “se debería haber regularizado la situación a continuación”.
Con el Acta de Ocupación se verifica e inspecciona si la ejecución de la obra se ha efectuado en consonancia con el Proyecto, el Pliego de condiciones, el contrato y las instrucciones de la Dirección. Tras la inspección se expidió la citada acta de ocupación a pesar de que el Ayuntamiento no contaba en ese momento con el fin de obra, un requisito indispensable para obtener la licencia de apertura.
Entre las múltiples gestiones que ha realizado el primer edil para lograr la reapertura también se encuentran las consultas jurídicas, entre ellas la viabilidad de abrir en las circunstancias actuales. En ese punto, el gabinete jurídico del Ayuntamiento no recomienda bajo ningún concepto al alcalde que asuma la reapertura o firme la licencia de apertura del teatro ya que estaría incurriendo en una flagrante ilegalidad. “Es una situación complicada” y con ella “estaría asumiendo una responsabilidad de otros políticos que no tienen nada que ver con nuestra gestión en el caso de que diéramos un paso adelante y abriéramos a las bravas con todo el riesgo y responsabilidad que ello conlleva”.
Parte del trabajo del equipo de Gobierno en estos dos años se ha centrado en la reapertura del teatro desde todas las áreas, encuentros con el arquitecto, con los responsables de la OCA, con los técnicos… a ello se suman las consultas jurídicas que desaconsejan “asumir la responsabilidad de unos hechos con los que no tenemos absolutamente nada que ver, que están completamente documentados y que deben estar disponibles para el conocimiento de todos los ciudadanos. No tenemos nada que ocultar, al contrario queremos que todo se sepa y en esa dirección convocaremos varios plenos porque el expediente es muy denso y concentrarlo solo en uno podría dar lugar a confusión”.
Estos plenos servirán para explicar por qué no se abre el teatro a pesar de todas las gestiones, entrevistas, cartas, reuniones y todo el trabajo que se ha realizado desde que se cerró por orden de la Conselleria. La situación administrativa en la que se encuentra el teatro es “una calamidad y es algo que hizo el Gobierno municipal de los años 2006 a 2015 y eso hay que explicárselo a los ciudadanos, no vale con el ruido de fondo de que somos incapaces de abrirlo. Esta es una situación heredada – dijo Dolón- cuyos responsables están ahora muy tranquilos y no debe ser así”
En su comparecencia ante los medios de comunicación también se refirió a la falta de la documentación del final de obra, requisito imprescindible para la apertura. El arquitecto firmó en su día el finiquito con la empresa adjudicataria, al finalizar el trabajo, pero no el fin de obra, considerando ahora que dicho finiquito no contemplaba el sobrecoste de 3’2 millones de euros que se abonó a la empresa Acciona en febrero del año 2012. Igualmente, el arquitecto tampoco reconoce algunas de las obras que, según indica, se han ejecutado posteriormente en el teatro, “obras que no se han realizado bajo su dirección”, explicó el alcalde.
Por último, matizó que podría darse la circunstancia de que el pleno fiscalizara de disconformidad “ya que hubiera más votos a favor que en contra, pero los documentos de todo este proceso están ahí y no hay quien los cambie”.
