La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 5 de diciembre ha tenido que acatar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante y hacer frente al pago de la deuda que mantenía el Ayuntamiento con el propietario del edificio donde hasta hace unos meses se ubicaba la oficina Prop en la calle Bazán. Al expirar el contrato que el consistorio mantenía con este inmueble en 2017, la propiedad reclamó el pago de los siguientes meses aplicando una subida y se generó una deuda de 63.300 euros. El Ayuntamiento, en el anterior mandato municipal, presentó un recurso a la demanda de impago que presentó la propiedad y ahora la justicia ha dado la razón al demandante. El concejal secretario de la Junta de Gobierno, Federico Alarcón, dio cuenta de que ya se había realizado un primer pago de 30.000 euros y que ahora el Ayuntamiento tendrá que satisfacer el resto de la deuda que asciende a otros 33.333 euros.
Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó la memoria justificativa del contrato, para dos años, de suministro de material, herramientas y alquiler de maquinaria para el departamento de Vía Pública, Cementerios y Playas mediante tramitación anticipada del gasto, por un importe anual de 91.690 euros
También salió adelante un contrato menor de 9.450 euros para la realización de un curso de formación profesional de socorrismo en instalaciones acuáticas subvencionado por el Servef, así como dos facturas con omisión de la función interventora relativas al servicio de ayuda a domicilio por importe de 56.175 euros y 55.089 euros correspondientes a los pasados meses de julio y agosto.