En una segunda moción, pide dotar las entidades locales de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid-19.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, informó que el Grupo Municipal Popular presentó en Junta de Portavoces una moción para que el Ayuntamiento de Torrevieja inste al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. Una moción que fue debatida y a la que se adhirieron los grupos municipales de Ciudadanos y Vox
La propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular manifiesta:
1.- El apoyo expreso del Ayuntamiento de Torrevieja al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real Decreto-ley 27/2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos.
2.- El profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para lograr un acuerdo que diera una “apariencia” de apoyo unánime de las EE.LL. al Real Decreto-ley 27/2020. Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto de fuerzas políticas con representación en dicha institución.
3.- Solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su Presidente, Abel Caballero, por:
– No transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución.
– No defender los intereses de las EE.LL. como está obligado a hacer por razón de su cargo.
– Provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo.
4.- El compromiso del Ayuntamiento de Torrevieja con la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.
5.-Y el profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida del Gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo plazo.
Instar al gobierno de España a:
1.- Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
2.- Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
3.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes Valencianas y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
Fondos extraordinarios para afrontar la crisis provocada por el covid-19
Además, el Grupo Municipal Popular presentó una segunda moción, a la que se sumó Ciudadanos, para que el Ayuntamiento de Torrevieja inste al Gobierno de España a dotar a las entidades locales de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, expuso en su argumentario que las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y, ante la crisis derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus, apoyar a la población más vulnerable, canalizar la ola de solidaridad de los españoles y sentar las bases para que la recuperación de la sociedad y economía españolas se produzca lo más pronto posible tras finalizar el periodo de confinamiento.
Cabe desatacar que la gran mayoría de Ayuntamientos han aplazado el pago de tributos (impuestos y tasas) locales y/o anulado tasas así como implementado rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus municipios. También han sido las primeras administraciones en incrementar las ayudas directas a las familias y vecinos como por ejemplo, emergencia social y en implantar moratorias en el pago del alquiler de las viviendas de protección pública, entre otras muchas medidas destinadas a paliar los efectos negativos que sobre la sociedad y la economía tiene la crisis derivada de la pandemia provocada por el COVID-19.
El gobierno de España, por su parte, no ha destinado ninguna ayuda para los 8.131 ayuntamientos, las 41 diputaciones, los 7 cabildos y los 4 consejos insulares que conforman lo que denominamos las entidades locales españoles. Cero euros para unas administraciones que han puesto en marcha servicios para realizar la compra de productos de primera necesidad (alimentos, productos farmacéuticos y de higiene) a aquellas personas que se encuentran confinadas en casa y de atención psicológica y sanitaria-asistencial telefónica a los vecinos de sus municipios.
Por todo ello, el Grupo Popular insta al Gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros hacía las EE.LL. para la reactivación económica y evitar la quiebra social:
1. 18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta a las EE.LL. de la participación en los tributos del estado (PIE), de estos, 12.486 millones euros corresponden a los ayuntamientos y, el resto, a las diputaciones.
Es necesario un adelanto de, al menos, el 50% de las cantidades pendientes para el año 2020 para poder hacer frente a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia en todos los ayuntamientos de España.
2. Puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales
3. Creación de fondos específicos para el rescate del transporte público (500 millones de euros) y para aumentar las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales (300 millones de euros).
4. Autorización, respetando y garantizando la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para poder utilizar los ahorros de las EE.LL. – cifrados en 28.000 millones de euros- para paliar la dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en nuestro país.
5. Por último, instar al Gobierno de España a pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.