La Diputación de Alicante ha creado un nuevo órgano consultivo en materia económica y social con el que pretende canalizar la participación de diferentes sectores de la provincia a través de foros de diálogo y asesoramiento. Bajo esta premisa nace el Consejo Social de la Provincia de Alicante, un proyecto cuyas líneas de acción se consensuarán y perfilarán en colaboración con los ayuntamientos, entidades, asociaciones y sectores productivos del territorio.
El tejido social, industrial, municipal, sindical, cameral, agrario, turístico, académico e institucional de la provincia conformará la base de este ente que apuesta por una implicación activa de dichos sectores como fundamento para establecer una red de trabajo que cuente con aportaciones enfocadas a su composición, objetivos y funcionamiento.
La finalidad es defender y promocionar la riqueza ambiental, cultural y gastronómica de la provincia, así como su pluralidad geográfica, sus principales productos y servicios, sus tradiciones y su diversidad lingüística.
Tal como ha apuntado el diputado de Presidencia y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la complicada situación sanitaria, económica y social generada por la pandemia de Covid-19 “nos ha abocado como sociedad a uno de los mayores retos a los que hemos tenido que hacer frente en democracia”. Hecho que, según Dolón, ha conllevado que instituciones y administraciones se replanteen prioridades inversoras y ejecutoras de sus políticas para las próximas anualidades, con el fin de adaptarlas a las necesidades sociales.
“Necesitamos estar más unidos que nunca para trazar una hoja de ruta consensuada en la que ayuntamientos, instituciones, empresas, agentes sociales, sectores productivos y ciudadanos expongan sus propuestas y requerimientos, fomenten el diálogo y la participación y cooperen en iniciativas públicas y privadas que propicien el desarrollo social y económico de nuestra provincia”, ha concretado el diputado.
Algunas de las principales funciones del Consejo Social de la Provincia de Alicante son las de encauzar el diálogo entre los agentes económicos y sociales, emitir informes sobre proyectos, elaborar estudios relacionados con asuntos de interés que afecten al desarrollo territorial o fomentar la participación ciudadana a través de la organización de jornadas, seminarios, foros y debates para dinamizar su acción e interés.
También persigue cerrar un informe anual sobre la situación económica y social de la provincia, cooperar en la consecución de iniciativas públicas y privadas, promover la captación de fondos, así como otras actividades encomendadas por los órganos de decisión.
El consejo contará con un presidente o presidenta y un vicepresidente y se organizará mediante plenos, comisiones permanentes y otras de trabajo. Los mandatos de sus miembros serán de cuatro años, pudiendo ser renovables por el mismo periodo.
La Diputación de Alicante tiene previsto aprobar su constitución en la próxima sesión plenaria provincial del mes de diciembre, tras estar expuesto el documento en el Portal de Transparencia de la Diputación durante diez días naturales, que finalizan este domingo. Esta medida ha coincidido, además, con un proceso de participación pública entre los agentes implicados.
“El panorama actual es complicado y requiere de acciones contundentes, directas y efectivas para paliar los devastadores efectos que está dejando tras de sí la epidemia”, ha explicado el responsable de Presidencia, quien ha convenido en la necesidad de “seguir en la senda del compromiso institucional y reforzar nuestra atención a las personas más vulnerables”, al tiempo que “inyectar ayudas directas en materia de bienestar social y trazar procedimientos para reactivar nuestra actividad financiera”.