Los informes alertaban de un riesgo “extremadamente dañino” para los trabajadores del teatro, lo que implicaría que no se realizase el trabajo hasta subsanar las deficiencias
La Corporación Municipal ha celebrado un pleno para fiscalizar los expedientes relacionados con el Teatro Municipal con un total de seis puntos en el orden del día y la finalidad de esclarecer cómo un edificio que se abrió al público en junio de 2006 funcionó sin licencia de actividad, sin licencia de apertura y poniendo gravemente en peligro la integridad física de los trabajadores y de los usuarios que acudían a los espectáculos al carecer de las mínimas medidas de seguridad, según se desprende de los numerosos informes técnicos que se han dado a conocer. Durante 9 años, 2 meses y 18 días, el teatro permaneció abierto sin cumplir los requisitos legales que hubieran permitido obtener la correspondiente licencia de apertura.
Sobre el teatro -abierto sin los requisitos legales y a pleno rendimiento- pesaban severas advertencias sobre el incumplimiento de la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales. Los informes de evaluación y planificación de riesgos laborales emitidos por la empresa especializada Prevenpyme S.L. fechados en noviembre de 2012 y diciembre de 2013 analizan los riesgos y las soluciones ante la posibilidad de caídas de personas a distinto nivel, los de contactos eléctricos y los de emergencias.
¿Qué dicen los informes?
Las conclusiones arrojan resultados tan graves que una técnico municipal informa que “vista la gravedad de la clasificación de situaciones de riesgo que se producen en el citado inmueble” y detalla que existe un riesgo “extremadamente dañino” de caídas, es decir, que pueden producirse amputaciones, fracturas mayores, lesiones múltiples y lesiones fatales, por lo que califica la situación como “intolerable”. Esto implica que no puede comenzarse el trabajo hasta que no se haya reducido el riesgo. Debe prohibirse el trabajo, según marca la legislación.
El informe, documentado con abundante material gráfico de todo lo descrito, también destapa una situación grave en lo referente al peligro de incendios. Se detectan estancias que generan situaciones de riesgo tanto por las características del espacio en sí como por la necesidad de que se instalen extintores, bocas de incendio equipadas y su correspondiente señalización. Además, se constata el amontonamiento de enseres en una de las salidas de evacuación y una “falta generalizada de señalización de los medios de evacuación” que incluso pueden inducir a error en la evacuación al no estar en lugar fácilmente visible la señal ‘sin salida’. Por todo ello se concluye que mientras no se subsanen las deficiencias hay que adoptar medidas que incluyen no permitir diversos tipos de trabajo en el interior del teatro, ni la acumulación de enseres y se solicita la “colocación inmediata, correcta y señalizada de los equipos de extinción, así como su revisión y la señalización de los recorridos de evacuación”.
Respecto a las medidas que se debían adoptar para la reparación de la instalación eléctrica, según el informe, por las deficiencias detectadas, se prohíbe la realización de determinados trabajos, la acumulación de enseres en las proximidades de los cuadros eléctricos y se indica textualmente que estos “permanecerán cerrados”.
Al informe de prevención de riesgos y al de la arquitecta se suma la emisión de un informe técnico del Jefe Accidental de Proyectos, “ante la gravedad de la evaluación realizada”, que señala la necesidad de que se cumplan las recomendaciones hasta que se desarrolle el informe concluyente sobre este asunto, designa al coordinador de Cultura como la persona con la “responsabilidad de velar por el cumplimiento del contenido del informe” y requiere que el contenido del mismo sea considerado y tratado por los departamentos que en su caso sean responsables en lo referente “al uso diario adecuado de las instalaciones por parte del personal y/o del público y su mantenimiento de orden y limpieza, así como la desconexión de las instalaciones de cualquier energía, o la anulación de dispositivos de seguridad”, entre otros aspectos.
Con todo este panorama el Teatro Municipal de Torrevieja no ha sido más que una bomba que, afortunadamente para unos y milagrosamente para otros, no ha llegado a estallar, ya que disponía de todos los ingredientes para que así fuera, no contando con los mecanismos de seguridad imprescindibles que unas instalaciones de este tipo y envergadura requieren, incumpliendo burdamente las normativas de seguridad, incendios, instalaciones eléctricas, emergencias, prevención de riesgos laborales y actividades que se exigen a cualquier negocio o actividad que pretenda abrir sus puertas al público. Todo un atentado contra la vida y la integridad de las personas.
¿Cómo empezó esta pesadilla?
En el año 2004, a instancias del Arquitecto Director de las obras, se inicia el trámite para la obtención de la preceptiva licencia de apertura, un trámite administrativo necesario dado que se trata de un establecimiento abierto al público con un aforo de más de 500 butacas.
En el año 2008, con el teatro funcionando ilegalmente durante dos años, la Conselleria de Gobernación de la Generalitat Valenciana informa detectando numerosas deficiencias e irregularidades e indicando que “no se cumplen los requisitos, condiciones y características técnicas, que para este tipo de locales establece el vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, debiéndose aportar un anexo de documentación que contemple y justifique todos los aspectos y conceptos que permitan una perfecta valoración de lo mencionado en este informe”.
La valoración a la que hace referencia son tres folios en los que especifica toda la información, estudios y justificaciones que el Ayuntamiento debía aportar para obtener las citadas licencias.
El Ayuntamiento no dio respuesta a este escrito de la Conselleria por lo que el teatro siguió con su temerario funcionamiento sin la preceptiva licencia.
De nuevo, en 2010 el Ayuntamiento se volvió a dirigir a la Conselleria con la misma petición, se le contestó que el expediente estaba pendiente por no haber remitido el anexo solicitado en junio de 2008, debiendo proceder a la remisión del mismo para volver a solicitarla y recibiendo la misma respuesta en la que se le recordaba que “con la documentación aportada no se puede acreditar que se cumplan los requisitos y características técnicas que para este tipo de locales establece la normativa en la materia” y se le requiere otra vez el anexo citado anteriormente.
Se llega al año 2013 sin que el Teatro Auditorio Municipal disponga de las medidas indispensables para garantizar la seguridad de las personas, todo ello a sabiendas y con pleno conocimiento de que pese a poner en riesgo evidente la vida de las personas, trabajadores y público, se estaba permitiendo funcionar como si todo estuviera en perfectas condiciones pese a los contundentes informes de la Conselleria.
En enero de 2013 el Ayuntamiento concede la licencia de actividad previa remisión de informe a Conselleria y la conformidad de esta advirtiendo de que se concede la licencia de actividad pero que “no se podrá poner en marcha la actividad sin haber obtenido previamente licencia de apertura, debiendo aportar certificación del técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se especifique la conformidad de la instalación del proyecto a las medidas correctoras adicionales impuestas en la licencia de actividad y demás documentación preceptiva”.
El detonante
En 2014, el Grupo Municipal Los Verdes denuncia la situación irregular y de absoluta ilegalidad en la que están funcionando las instalaciones del teatro. La conselleria traslada al Ayuntamiento la denuncia (el 28 de mayo) y le pregunta “si el local tiene o no concedida licencia. En su caso, actividad que ampara la licencia y aforo”.
El Ayuntamiento, a través del Jefe del servicio de Urbanismo, responde que no ha obtenido licencia municipal de apertura. Por este hecho y tras la visita de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana se impone una sanción de 6.000 euros al Ayuntamiento, por falta grave.
Al parecer, como consecuencia de esa actuación sancionadora, el PP, a través de su concejal de Cultura, inició un expediente el 1 de junio de 2014 de “Ejecución de elementos de seguridad en el Teatro Municipal”. Un expediente al que posteriormente le cambió el nombre para disimular la inseguridad y pasó a llamarse “Adaptación e implementación de elementos estructurales de acuerdo con la normativa vigente, en el Teatro Municipal”. Inició otro expediente el 6 de junio para transformar la sala de ensayos en un almacén. Actos con las que, presumiblemente se pretendían evitar las consecuencias de la actuación de la Conselleria y la Policía Autonómica.
¿Qué hizo el PP?
Ante la necesidad de obtener la licencia de apertura y la de actividad, con un teatro funcionando, durante 9 años, con una amplia programación y con riesgos para la seguridad de los trabajadores y del público, el gobierno del PP, en marzo de 2015, propone resolver las deficiencias mediante la contratación de un Organismo de Control Autorizado (OCA), descartando así a los técnicos municipales.
Tras las elecciones municipales de 2015 es el nuevo gobierno el que asume el proceso de legalización del teatro. Se encuentra a su llegada con el resultado desfavorable y demoledor del informe de la OCA y con la negativa del Arquitecto Director Técnico de firmar el fin de obra imprescindible para obtener la licencia de apertura y, al carecer de la misma, la Conselleria de Justicia y Administración Pública cierra el teatro en septiembre de 2017, explicitando que “según la normativa de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, la licencia de apertura es requisito previo para la apertura, por lo que el establecimiento DEBERÁ PERMANECER CERRADO en tanto sea concedida la misma por el Ayuntamiento, tras los correspondientes trámites”.
El pleno extraordinario del pasado jueves recorrió todas las irregularidades que se han producido con la puesta en marcha del teatro sin las correspondientes licencias y también se debatió el hasta ahora punto final de éste vodevil: el decreto por el que, según informe jurídico del Jefe de Urbanismo, se propone emprender acciones legales para exigir a los técnicos directores de la obra la emisión de los certificados de fin de obra.
Se ha puesto de manifiesto la temeridad de los responsables políticos al mantener durante 9 años el teatro abierto sin las debidas condiciones de seguridad, arriesgando la vida de las personas e incumpliendo de forma flagrante toda la normativa que dicha actividad requiere, generando un grave perjuicio a los intereses del municipio y a las expectativas de miles de ciudadanos que ahora se ven privados, por esta negligente actuación, de poder disfrutar de unas instalaciones públicas en las que se han invertido más de 10 millones de euros. Una infraestructura cultural en la que trabajadores y usuarios han estado expuestos a todo tipo de riesgos y peligros concretos.
Las irregularidades
En 2013, 7 años después de la apertura, el Teatro Auditorio Municipal seguía sin disponer de las medidas indispensables para garantizar la seguridad de las personas.
La Conselleria de Gobernación de la Generalitat Valenciana informó de numerosas deficiencias e irregularidades por no cumplir los requisitos para obtener las preceptivas licencias.
Disimular la irregularidad
El PP inició un contrato para ejecutar elementos de seguridad al que
posteriormente cambió el nombre
La Conselleria de Justicia y Administración Pública cierra el teatro en 2017. Informa de que la Licencia de Apertura es un requisito previo para la apertura,al carecer de ella DEBERÁ PERMANECER CERRADO