La Junta de Gobierno Local aprobó en su sesión ordinaria una modificación de créditos del presupuesto de 2018 del Instituto Municipal de Cultura de 83.000 euros para poder afrontar las subvenciones nominativas de 2017 “tal y como se acordó en la correspondiente Junta Rector del organismo”, informó la edil Secretaria de la Junta de Gobierno Local, Fanny Serrano, quien explicó que esta partida se detraerá de otras que estaban destinadas a la compra de material “muy necesario para el Ayuntamiento y que en la actualidad se alquila, como es el caso de vallas y sillas”. Serrano comentó que la modificación se llevará a Pleno “lo antes posible”, aunque primero ha de pasar por Comisión Informativa y las ordinarias de este mes ya tienen cerrado el orden del día. En cuanto se abonen estas subvenciones, se procederá al pago de las de 2018, que están debidamente consignadas en el presupuesto en vigor.
Además, la JGL acordó con todos los informes técnicos a favor, ampliar el plazo de la ejecución de la demolición de la tribuna cubierta del campo municipal Vicente García. Fanny Serrano, informó de que la adjudicataria del contrato ha solicitado un mes de prórroga para terminar la obra porque se ha encontrado amianto, lo que necesita de un plan muy específico de seguridad para su retirada. La empresa comenzó la obra la primera semana de mayo derribando la cubierta con una grúa con un brazo articulado. Los trabajos contratados incluyen la demolición completa de la tribuna cubierta y los vestuarios que se sitúan bajo la misma; el desmontaje y retirada de las placas de fibrocemento; la demolición de los muros enterrados, soleras y cimentaciones; la desconexión de todas las instalaciones que den servicio a vestuarios y tribuna; trabajos de seccionamiento y desvío de las instalaciones aéreas fijadas al inmueble que den servicio a otras áreas y desvío de las mismas; relleno mediante zahorra artificial; y ejecución de solera para dejar acondicionado el espacio una vez se finalice el derribo. Además de la retirada de las cuatro placas de amianto encontradas. La obra fue adjudicada por 164.537,90 euros y está previsto que concluya en agosto. Por lo que la temporada futbolística en este campo comenzará con total normalidad.
La demolición se produce después de que en 2014, con el Partido Popular en el gobierno, los técnicos municipales “ante las graves patologías detectadas” en la grada, redactaran un informe en el que se determinaban como medidas a tomar de forma inminente limitar el uso de la grada de la tribuna este y los vestuarios del equipo local, cuestión que no se llevó a cabo hasta que se produjo el cambio de gobierno. Estas medidas “necesarias y urgentes” garantizaban la seguridad de los empleados municipales, de los jugadores y de los aficionados que acuden al campo. Pero no se llevaron a cabo. Además la grada no contaba con licencia y no estaba contemplada como bien patrimonial del Ayuntamiento. La dificultad de legalizar la obra de la que no existían planos ni proyecto así como el avanzado estado de deterioro de la propia estructura, llevó tomar la decisión de que era más conveniente la demolición de la grada y la construcción de una nueva, debidamente legalizada, por lo que se procedió a la adjudicación de un contrato menor para la redacción del proyecto y posteriormente a la licitación del contrato de la obra.
En los asuntos relativos a Contratación, la Junta de Gobierno requirió documentación a las mercantiles adjudicatarias del expediente de contratación de los Servicios de telecomunicaciones de los lotes 1 (Servicios de telefonía fija) y 3 (Servicios de acceso a Internet y transmisión de datos). La edil matizó que los contratos no están en vigor y que una vez presentada esta documentación, la analizará la mesa de contratación antes de pasar al trámite de la firma del contrato. En este punto administrativo se encuentra el contrato para la organización de la Gala del Deporte. La Junta de Gobierno dio a la adjudicataria de este procedimiento de negociado con publicidad, 15 días para la firma del contrato, que tiene un coste anual de 9.861,50 euros y una duración de cuatro años, prorrogable por otros dos. Además, se procedió a la aprobación de la memoria justificativa del expediente para la contratación de los servicios veterinarios para el albergue municipal, un trámite previo que ha introducido la nueva ley de contratos del sector público.
Entre los puntos del orden del día relacionados con el ámbito judicial, la Junta acató una sentencia en la que se desestimaban las pretensiones de un ciudadano que hacía una reclamación económica al Ayuntamiento por una caída en la calle. Tanto los informes de los técnicos, como los del Consell Jurídic Consultiu y ahora la sentencia consideran que no hay causa y efecto. Se acató igualmente un auto estimando la caducidad del recurso de disciplina urbanística de un particular. Así como una sentencia de disciplina urbanística en la que se estiman las pretensiones de los particulares porque los mismos técnicos dictaban en su informe que era posible legalizar la obra.
Además se aprobó el ejercicio de acciones judiciales para la defensa del Ayuntamiento en dos causas interpuestas por plusvalías en las que los interesados han presentado recursos ante el juzgado por no estar de acuerdo. Y se desestimó el recurso presentado por una señora que solicitaba una indemnización por una caída atribuida a pequeños desperfectos en una acera. Los técnicos han considerado que estos no tenían suficiente entidad como para atender la reclamación.
Los temas urbanísticos también tuvieron cabida en la Junta. Entre ellos, trece expedientes de disciplina con multas coercitivas o archivos por prescripción, así como dos solicitudes relativas a licencias de parcelación, una de ellas estimada para segregar en cinco partes un local y la otra de una vivienda que ha sido desestimada porque alteraba la división horizontal y no es competencia municipal.