La Junta de Gobierno Local aprobó dos proyectos de modificaciones de créditos al presupuesto de 2018, la número tres y la numero cuatro, con los que se abordará la remodelación de la planta baja del mercado La Plasa, se urbanizará la parcela del nuevo CEIP Amanecer y se hará frente a una sentencia judicial. De este punto y del resto que conformaron el orden del día dio cuenta la edil secretaria de la JGL, Fanny Serrano.
Fanny Serrano explicó que como el remanente de tesorería se puede utilizar para el pago de deuda bancaria y para obras financieramente sostenibles, con la modificación número tres se va a proceder a la adecuación de la primera planta del citado mercado, con una cuantía de 94.936’99 euros, “la única planta que tiene los aspectos legales claros”. Según explicó Serrano “se va a mejorar la seguridad, la accesibilidad, la instalación eléctrica y los aseos, entre otras cosas”. Esta misma modificación, como anunció el edil de Educación, José Hurtado, incluye 479.018’64 euros que servirán para afrontar las obras de urbanización de la parcela en la que ha de construirse el CEIP Amancer, “tal y como estamos todos deseando”, añadió Serrano.
En cuanto a la modificación número 4 servirá para hacer frente a una sentencia judicial de 17.824’16 euros por beneficio industrial a la UTE de El Alto de la Casilla.
Respecto a los temas relativos a contratación, la JGL aprobó la memoria justificativa del expediente de contratación denominado “Servicio del control de calidad del servicio de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa”, por cinco años por 108.384’52 euros anuales. Se trata de uno de los contratos accesorios del contrato de RSU que se está tramitando en paralelo.
La Junta también aprobó los asuntos relativos a contratación que ya había adelantado en rueda de prensa el concejal de Servicios, Domingo Soler: el contrato de desinsectación, desratización y desparasitación del término municipal con un precio previsto de licitación para cinco años de 488.332 euros; el requerimiento de documentación a la mercantil adjudicataria del expediente denominado ‘Contratación de la finalización de obras de ampliación del Ayuntamiento sito en la plaza de la Constitución’, un contrato que ha sido adjudicado en 56.571,08 euros y servirá para concluir las obras que quedaron a medias tras el abandono de la empresa que debía asumir la construcción del edificio anejo al Ayuntamiento y que permitirá reubicar servicios de atención al público que actualmente se prestan en locales alquilados; y las medidas provisionales consistentes en la suspensión del procedimiento de contratación del ‘Servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público del término municipal de Torrevieja’, adoptadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ligado al Ministerio de Hacienda, por el que resuelve suspender el procedimiento de contratación relacionado con el mantenimiento y conservación de la instalación de alumbrado público de Torrevieja ante el recurso interpuesto por una empresa que ha sido excluida del procedimiento. A este concurso se presentaron 18 empresas pero, según los técnicos municipales, solo dos de ellas cumplían los requisitos. Una de las excluidas ha reclamado ser incluida y el tribunal decidirá si tiene que ser así o no. En el momento en el que se resuelva esa alegación, el contrato seguirá con el procedimiento administrativo –afirmó Soler cuando compareció públicamente-.
Entre las situaciones “rocambolescas” que se producen en algunos contratos, Fanny Serrano informó de un nuevo episodio de las obras de la fachada del Palacio de la Música. Los técnicos han propuesto que se desestime el recurso presentado por una de las empresas que se presentó a concurso y que tras ser elegida no se presentó para firmar el contrato. Ante el desistimiento se procedió a continuar el procedimiento y llamar a la siguiente empresa, sin embargo la que no se presentó ha recurrido pero ha sido desestimado.
En la sesión también se dio luz verde a la concesión de plazo a la mercantil adjudicataria para subsanar documentación en el expediente para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de seguridad de tráfico del sistema CCTV y se acordó igualmente devolver dos fianzas que se entregaron en su momento para garantizar expedientes de contratación.
La Junta tuvo que aprobar una vez más, en este caso por unanimidad, la defensa del Ayuntamiento en un nuevo contencioso interpuesto a causa del cobro de la Plusvalía. En este caso se trataba de una conocida empresa de Torrevieja y que “dadas las cifras resulta difícil que se acredite la minusvalía, pero en cualquier caso lo resolverá el juzgado”, dijo Serrano.
Por último cabe señalar que se estimaron parcialmente dos solicitudes de reconocimiento de responsabilidad patrimonial. Una estimación parcial por una caída en una acera, 534’35 euros (de 2015) y otra de 8.961’67 euros (de 2016) por resolución del Consell Juridic Consultiu. Además, se reconoció el abono del 50% de los gastos del perito médico en una tercera reclamación de 586 euros, tras la interposición de un recurso de reposición.