Las obras para legalizar la planta baja de ‘La Plasa’, donde se encuentra ubicado el mercado de abastos y que es la única zona de propiedad municipal ya que no fue cedida para la explotación privada, comenzarán tras el verano una vez se adjudique el contrato que tiene un precio de licitación de 94.936,99 euros. Esta información fue facilitada esta semana por el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, quien informó en rueda de prensa que con las obras se construirán nuevos aseos para el público, se sustituirá la unidad central de climatización por otra de mayor ahorro energético, se adecuará la instalación eléctrica a la normativa actual y se revisará la instalación contraincendios instalando bocas de incendios equipadas y otros elementos de seguridad. “Son cuestiones que afectan a la seguridad y que nos van a permitir legalizar esta parte del edificio”, aseguró el alcalde quien informó de que se ha habilitado una partida presupuestaria a través de la modificación de crédito número 3, de la que el informe decía que “los gastos son urgentes y no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente”. Esta modificación se aprobó el pasado mes de julio en Pleno, “y el Partido Popular se abstuvo mirando hacia otro lado ante una situación que él mismo creó y permitió, aperturando el espacio sin que estuviera legalizado. Venimos de una situación de inactividad por su parte, de una falta de compromiso, y ahora todavía se permiten no solo no votar a favor para arreglar parte del estropicio sino que también hacen declaraciones denunciando carencias del edificio”, lamentó el alcalde.
Dolón explicó que el gobierno “tiene un compromiso con la seguridad de las personas que visitan La Plasa y de aquellos que tienen allí su negocio” y ha hecho todo lo posible, desde el primer momento, para tratar de resolver una situación de ilegalidad que afecta a todo el edificio, no solo a la planta baja donde está el mercado de abastos sino también al sótano cuyo propietario explota el aparcamiento y a las dos plantas altas y la terraza que pertenecen a diversos empresarios, a SUMA, al Ayuntamiento y a un banco que se han quedado con los locales por impago, así como a los dueños de los cines que abrieron sus salas en su terraza. “Todos estos espacios se cedieron durante 50 años hace más de 25. Hemos hablado con los propietarios para tratar de legalizar el edificio completo porque todos carecen de licencia de apertura ya que el arquitecto denunció en su día, apoyado por el Colegio de Arquitectos, unas sobreobras que consideraba no adecuadas y que hizo que abandonara el proyecto y no firmara el fin de obra. Para legalizarlas hay que empezar por tirar una parte del edificio –la sobrecarga- y los propietarios afectados no están dispuestos”, comentó el primer edil, quien informó de que con el arquitecto también se había reunido.
“La solución que nos proponen de comprar el edificio, es inviable, porque igual que los propietarios particulares no lo pueden legalizar, tampoco la administración puede porque las leyes son iguales para todos. Habría que comprar con dinero público y luego tirar parte del edificio. No parece muy razonable la operación. Ya se ha consumido más de la mitad de la concesión. Cuando el edificio sea totalmente municipal, será el momento de tomar una decisión. De momento lo que podemos hacer es actuar sobre el espacio que no está cedido, que son instalaciones municipales. Y eso es lo que vamos a hacer con estas obras”, aseguró el alcalde, quien comentó que está deseando reinaugurar la planta baja de este centro que sería deseable fuera un motor económico y fundamental del centro de Torrevieja y que debido a esta situación “provocada por el Partido Popular” se encuentra ilegal y sin fácil solución.