La consellería tendrá que readmitir por sentencia a todos los trabajadores e impone pagos de salarios y penalización
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó el pasado 23 de diciembre una sentencia que se ha notificado en los últimos días en la que declara nulo el despido de treinta y cinco trabajadores del Laboratorio UNILAB que realizaba los análisis clínicos y pruebas diagnósticas en el hospital de Torrevieja durante la concesión en la gestión público-privada del grupo Ribera Salud. El despido se produjo a cargo del consell de la Generalitat presidido por Ximo Puig y ahora tendrá que ser el que preside, Carlos Mazón quien tenga que asumir las consecuencias de esta decisión totalmente fallida.
En la sentencia, contra «Torrevieja Diagnósticos SL» que se creó en 2020 y la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, el tribunal condena a la administración autonómica a readmitir a los trabajadores afectados en sus puestos de trabajo de acuerdo con la ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Además, deberá pagar los salarios que han dejado de percibir estos trabajadores y que se estima en 600.000 euros. Además, todos los meses que se demore en la readmisión, ese coste aumentará en 120.000 euros más de penalización.
La sentencia afirma que «lo cierto es que tras la reversión del hospital a la Administración no hay razón objetiva alguna que justifique que el personal de laboratorio no fuera objeto de reversión dado que el mismo, reiteramos, presta, al igual que el resto del personal del Hospital, un servicio que está incluido en la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud». Este fallo confirma la obligación de la Conselleria de Sanidad de subrogar a las 35 personas trabajadoras del laboratorio, que debieron incorporarse como personal laboral a extinguir desde la reversión del departamento en octubre de 2021.
La sentencia indica que «de hecho el personal del hospital, también el del laboratorio, ha continuado prestando servicios en el hospital sin solución de continuidad habiéndolo hecho el personal de laboratorio últimamente bajo el disfraz formal del contrato de emergencia, y solo cuando se ha visto que la empresa Torrevieja Diagnósticos SL tramitaba un despido colectivo que afectaba a toda la plantilla, es cuando se ha planteado la determinación de quien fuera el verdadero empresario, si formaban parte de la adjudicación a la UTE, la vigencia de la subcontratación que se efectuó y en fin incluso la cesión ilegal de los trabajadores primero a la UTE y luego a la Consellería por formar parte de una sola explotación».
El Sindicato CCOO PV se ha congratulado de la decisión judicial que discrepa del informe de Inspección de Trabajo de la provincia de Alicante, que apreció las causas económicas, organizativas y de producción justificadas para el despido colectivo, y rechazadas por la representación de CCOO PV en la empresa, ya que la actividad de análisis y laboratorio es imprescindible en el hospital. Sin embargo, Sanidad optó por una prórroga de emergencia para este servicio, sin que esta medida estuviera justificada, ya que el fin del contrato de la concesión era conocido con un año de antelación. Esta sentencia no solo da la razón a las reiteradas exigencias del sindicato, sino que también recalca la responsabilidad del Gobierno valenciano de garantizar la estabilidad laboral y el correcto funcionamiento del sistema público de salud. CCOO PV insiste en que ningún laboratorio de la sanidad pública valenciana debería ser externalizado, recordando que el del Hospital de Torrevieja pertenece, como infraestructura, a la Conselleria de Sanidad y que, por tanto, su personal también debería haber formado parte de la gestión directa.


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